El presidente iraní Masoud Pezeshkian declaró este domingo en la cadena estatal IRIB que “No se debe permitir que los alborotadores y terroristas perturben la sociedad iraní”. Atribuyó a Estados Unidos e Israel la intención de “sembrar el caos y el desorden” mediante “disturbios”, en su primera intervención pública tras varias noches de protestas. Añadió: “El pueblo [de Irán] no debe permitir que los alborotadores perturben la sociedad. El pueblo debe creer que nosotros [el Gobierno] queremos establecer la justicia”.
El jefe del Estado formuló el mensaje en una entrevista difundida por la radiotelevisión pública, que presentó sus palabras como un llamado a aislar a quienes las autoridades definen como “alborotadores” frente a manifestantes pacíficos. En la intervención afirmó que las instituciones “escucharán” las quejas ciudadanas y pidió no dar margen a “alborotadores y terroristas” para “perturbar la sociedad”, enmarcado en la promesa de “establecer la justicia”.
Las declaraciones se produjeron en medio de una ola de protestas que, según organizaciones de derechos humanos citadas por medios internacionales, dejó al menos 116 muertos y más de 2.600 detenidos tras dos semanas de movilizaciones. Las marchas comenzaron a finales de diciembre por la caída del rial y el aumento del coste de la vida, y derivaron en consignas contra el sistema político. Agencias con presencia regional situaron concentraciones en Teherán y otras grandes ciudades, con choques frente a las fuerzas de seguridad.
En el ámbito de las comunicaciones, las autoridades interrumpieron el acceso a internet y limitaron las llamadas internacionales desde la noche del jueves, lo que complicó la verificación independiente de víctimas y arrestos. Organismos y observatorios especializados denunciaron el apagón y advirtieron que facilita una respuesta más dura frente a las manifestaciones.
Mientras persistían concentraciones y disturbios, fuentes oficiales informaron de episodios concretos y de operativos policiales. Medios estatales y semioficiales reportaron el incendio de un edificio municipal en Karaj y funerales de miembros de las fuerzas de seguridad muertos en Shiraz, Qom y Hamedán. En paralelo, medios próximos al poder comunicaron el arresto de un centenar de “alborotadores armados” en Baharestán, cerca de la capital.
El propio presidente había solicitado días antes un trato diferenciado entre quienes protestan sin violencia y quienes usan armas o atacan instalaciones públicas. El 7 de enero, tras un consejo de ministros, la Vicepresidencia informó de que Pezeshkian ordenó “no adoptar medidas de seguridad contra los manifestantes” pacíficos y separarlos de los “alborotadores” armados.
En el plano institucional, el Estado Mayor del Ejército difundió un mensaje que responsabilizó a Israel y a “grupos terroristas hostiles” de intentar “socavar la seguridad pública”. Aseguró que las fuerzas armadas “protegerán y salvaguardarán los intereses nacionales, las infraestructuras estratégicas y los bienes públicos”, postura acompañada por avisos de la Guardia Revolucionaria sobre la defensa de una “línea roja” de seguridad.
El líder supremo Alí Jamenei también intervino al inicio de la crisis y afirmó que “la protesta es legítima”, aunque subrayó que los “alborotadores” “deben ser puestos en su lugar”. El mensaje, emitido por la televisión estatal, distinguió entre reclamos económicos y actos violentos, y coincidió con balances preliminares que hablaban de al menos 15 muertos y cientos de detenidos.
En el ámbito internacional, el desarrollo de las protestas generó reacciones cruzadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó apoyo a los manifestantes y dijo que su país “está listo para ayudar”, lo que provocó respuestas desde Teherán. El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que bases estadounidenses y objetivos en Israel serían “blancos legítimos” ante un ataque de Washington.
Medios y agencias describieron un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en la capital y en grandes urbes, con vehículos incendiados y gases lacrimógenos en zonas comerciales de Teherán. Redacciones internacionales verificaron enfrentamientos en Mashhad y otras ciudades, mientras colectivos opositores en el exterior convocaron nuevas concentraciones.
En paralelo a los mensajes de seguridad, las autoridades difundieron cifras sobre agresiones a agentes y daños a instalaciones públicas, y mostraron homenajes a policías y miembros de unidades paramilitares muertos en los disturbios. La televisión estatal emitió imágenes de funerales y edificios atacados, y la fiscalía elevó la presión penal con avisos contra quienes participaran en actos considerados violentos.
