Managua canceló su solicitud de intervención en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel, sin explicar públicamente las razones de su retiro.
Nicaragua da marcha atrás y se aparta del juicio en La Haya
El gobierno de Nicaragua retiró oficialmente su solicitud para intervenir en el caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El anuncio fue confirmado por el tribunal con sede en La Haya el jueves 3 de abril de 2025, dos días después de que Managua notificara su decisión. La declaración no incluyó justificaciones por parte del Estado nicaragüense, lo que dejó abiertas múltiples especulaciones en torno a este giro inesperado.
La solicitud inicial, presentada el 8 de febrero de 2025, fue tramitada bajo el artículo 62 del Estatuto de la Corte, mecanismo que permite a terceros participar como partes interesadas si se acredita un interés jurídico. Nicaragua pretendía aportar su perspectiva en un proceso que examina si las acciones de Israel durante su operación militar en Gaza violan la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
La demanda original sudafricana, introducida en diciembre de 2023, sostiene que las acciones militares israelíes iniciadas tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de ese año —con un saldo de 1.200 muertos y 251 secuestrados en Israel— constituyen un acto de genocidio. En octubre de 2024, Sudáfrica entregó a la CIJ un memorial de 750 páginas con presuntas evidencias, cuyo contenido sigue siendo confidencial.
El retiro de Nicaragua ha sido interpretado como un retroceso diplomático por parte de un gobierno que ha mantenido históricamente una posición favorable a la causa palestina. Tampoco se descarta que se trate de una maniobra táctica tras resultados desfavorables en procesos recientes ante la misma corte.
Intervenciones internacionales dividen posturas sobre el caso en curso
La acción judicial de Sudáfrica ha generado reacciones divididas a nivel internacional. Varios Estados han solicitado intervenir, algunos bajo el artículo 63 del Estatuto de la Corte, que permite a países aportar interpretaciones sobre el tratado aplicable sin asumir una postura litigante. Bolivia, Colombia, México, Turquía, España e Irlanda figuran entre las naciones que ya presentaron su interés ante la CIJ.
Mientras tanto, Israel sostiene que su operación militar busca neutralizar la infraestructura de Hamás, catalogado como grupo terrorista por múltiples países. Según las autoridades israelíes, se han implementado medidas preventivas para proteger a civiles, como el envío de panfletos y mensajes telefónicos. Sin embargo, la elevada densidad poblacional en Gaza y el uso de tácticas irregulares por parte de Hamás complican la distinción entre objetivos militares y civiles, según argumenta el Estado hebreo.
Países que solicitaron intervenir en el caso de la CIJ hasta abril de 2025
- Sudáfrica: demandante principal desde diciembre de 2023.
- Nicaragua: retiró su solicitud presentada en febrero de 2025.
- Irlanda: se unió oficialmente en enero de 2025.
- Otros interesados: Bolivia, Colombia, México, Turquía, España.
La fecha límite para la respuesta israelí al memorial sudafricano es julio de 2025. Mientras tanto, la CIJ continúa evaluando las solicitudes de terceros países y la admisibilidad de sus intervenciones, en lo que se perfila como un proceso prolongado y de gran complejidad jurídica.
La posición ambigua de Nicaragua tras el fallo en su caso contra Alemania
Nicaragua había intentado previamente posicionarse en la CIJ como parte activa en casos vinculados a la guerra en Gaza. En marzo de 2024, presentó una demanda contra Alemania por presunta complicidad en un genocidio mediante el suministro de armas a Israel. Aunque el tribunal rechazó las medidas provisionales solicitadas, permitió que el caso avanzara hacia fases posteriores del proceso.
Este antecedente mostró la disposición de Managua para usar mecanismos judiciales internacionales como vía de presión política. Sin embargo, el resultado parcial desfavorable podría haber motivado una reconsideración estratégica de sus acciones ante el tribunal. La falta de apoyo jurídico suficiente y los elevados requisitos probatorios que exige la CIJ también podrían haber pesado en la decisión.
Algunos medios, como Politico, han señalado que actores externos podrían estar influyendo en la política exterior nicaragüense. En abril de 2024, informes no verificados sugirieron que Rusia podría haber incentivado las acciones legales de Managua con el fin de desacreditar a instituciones judiciales internacionales. Aunque no existe evidencia concluyente al respecto, el contexto político global permite considerar esa posibilidad como un factor adicional.
Israel reacciona y califica el retiro como una victoria moral y jurídica
Desde Jerusalén, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar celebró públicamente el retiro de Nicaragua. En una publicación realizada el 3 de abril en su cuenta oficial de X, calificó la participación nicaragüense como “moralmente repugnante” y reiteró que el caso presentado por Sudáfrica es “infundado e indignante”.
Sa’ar también instó a otros países que han apoyado la demanda a replantear su intervención, argumentando que los procesos judiciales deben respetar los principios del derecho internacional y no convertirse en herramientas de presión política. La respuesta israelí refuerza su postura constante de que las operaciones en Gaza buscan desmantelar una amenaza militar real y no atentan contra la población civil de manera intencionada.
El conflicto en Gaza ha provocado decenas de miles de víctimas y un grave deterioro humanitario, según cifras de organismos de la ONU. A pesar de esto, la CIJ no se pronuncia sobre individuos, sino que determina la responsabilidad de los Estados, a diferencia del Tribunal Penal Internacional (TPI), que en noviembre de 2024 emitió órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes por presuntos crímenes de guerra.
Los fallos de la CIJ tienen carácter vinculante, pero carecen de mecanismos ejecutivos propios, lo que limita su efecto práctico y refuerza su impacto en el plano político y diplomático. Por esta razón, la evolución del caso sudafricano podría depender más de la presión internacional que de los procedimientos formales del tribunal.
