Nueve sindicatos internacionales han presentado una queja formal contra Israel ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la ONU. El objetivo de esta acción es obtener compensación para unos 200.000 palestinos cuyos salarios han sido retenidos o no han recibido beneficios tras el ataque de Hamás del 7 de octubre en el sur de Israel.
Según estos sindicatos, los trabajadores palestinos, provenientes de Gaza y Judea y Samaria, estaban empleados en Israel antes del ataque, pero posteriormente se les prohibió la entrada al país para desempeñar sus labores. Como consecuencia, tanto los trabajadores como sus familias han sufrido pérdidas de millones de dólares en ingresos, además de enfrentarse a inseguridad financiera y falta de acceso a recursos judiciales.
“Estos trabajadores han sufrido un robo generalizado de salarios debido a la suspensión de sus permisos de trabajo y la rescisión unilateral de sus contratos”, afirmaron los sindicatos en un comunicado conjunto. Los trabajadores afectados pertenecen a diversos sectores, como la construcción, educación, periodismo, agricultura, hostelería y transporte.
La denuncia presentada ante la OIT en Ginebra, de la cual Israel es miembro, se basa en el marco legal de la constitución de la organización, que busca asegurar que los países respeten sus compromisos internacionales.
