WASHINGTON (AP) — La administración de Donald Trump anunció la eliminación de más del 90% de los contratos de ayuda exterior gestionados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reduciendo en 60.000 millones de dólares la asistencia global. Estas cifras confirman su intención de desmantelar la mayor parte del apoyo estadounidense para el desarrollo y la ayuda humanitaria en el extranjero.
Los detalles revelados por el gobierno dejan en pie solo unos pocos proyectos de USAID que aún pueden ser defendidos en los litigios en curso contra la administración.
Un memorando interno obtenido por The Associated Press y documentos judiciales presentados el miércoles exponen estos planes. La Corte Suprema bloqueó temporalmente una orden que obligaba al gobierno a liberar miles de millones de dólares en asistencia antes de la medianoche.
Los documentos muestran la magnitud del repliegue estadounidense en asistencia exterior y el abandono de políticas que durante décadas promovieron la estabilidad internacional y la consolidación de alianzas estratégicas mediante la ayuda financiera.
Según el memorando, la administración justificó los recortes al considerar que se eliminaba un “desperdicio significativo” derivado de años de ineficiencia burocrática. También anticipó futuras modificaciones en la gestión de la asistencia por parte de USAID y el Departamento de Estado, con el objetivo de administrar los fondos públicos en beneficio de los intereses nacionales.
Trump y su aliado Elon Musk han centrado sus esfuerzos en reducir la ayuda exterior con más agresividad que en cualquier otra área de su plan para achicar el gobierno federal. Ambos sostienen que los proyectos de USAID impulsan una agenda liberal y representan un gasto innecesario.
El 20 de enero, Trump ordenó un análisis exhaustivo de 90 días para evaluar qué programas merecían continuidad, mientras congelaba de inmediato todos los fondos destinados a la asistencia exterior.
La suspensión financiera ha paralizado miles de proyectos financiados por Estados Unidos en el extranjero. En este proceso, la administración y el equipo de Eficiencia Gubernamental de Musk han despedido o forzado a tomar licencia a la mayoría de los empleados de USAID.
Entre los programas afectados figuran iniciativas reconocidas por contener brotes de ébola y salvar más de 20 millones de vidas en África a través del tratamiento del VIH y el sida. Funcionarios de USAID y organizaciones asociadas han confirmado que estos proyectos aún no reciben financiamiento, mientras se notifican oficialmente las cancelaciones.
En los documentos judiciales presentados el miércoles, organizaciones sin fines de lucro que mantienen contratos con USAID denunciaron que el equipo de Trump y el de Musk rescindieron acuerdos de manera abrupta y sin un análisis detallado.
“¡Se avecinan MUCHOS más despidos, así que prepárense!”, advirtió un funcionario de USAID en un correo electrónico citado en los documentos legales.
Las organizaciones sin fines de lucro, que suman miles de millones de dólares en deudas acumuladas desde la congelación de fondos, calificaron la cancelación masiva de contratos como una estrategia para evitar acatar la orden de desbloquear la ayuda exterior.
Chris Murphy, senador por Connecticut y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, acusó a la administración de tratar de evadir al Congreso y a los tribunales con el fin de legitimar la supuesta revisión de la ayuda exterior y justificar la cancelación inmediata de miles de programas.
Una coalición integrada por grandes empresas, organizaciones no gubernamentales y exfuncionarios expresó su indignación ante la medida. “El pueblo estadounidense merece transparencia sobre las consecuencias en la lucha contra el terrorismo, la salud global, la seguridad alimentaria y la competencia internacional”, declaró la Coalición de Liderazgo Global de Estados Unidos.
El Departamento de Estado informó que el secretario Marco Rubio supervisó la desvinculación de los contratos.
En total, la administración anunció la eliminación de 5.800 de los 6.200 contratos de USAID, lo que representa un recorte de 54.000 millones de dólares. Además, se cancelarán 4.100 de las 9.100 subvenciones del Departamento de Estado, reduciendo en 4.400 millones de dólares el gasto en asistencia internacional.
Un informe del Departamento de Estado, divulgado inicialmente por Washington Free Beacon, señala que la administración actuó en respuesta a una orden judicial que estableció como plazo el miércoles para desbloquear los fondos retenidos por el gobierno de Trump.
En consecuencia, el Departamento de Estado y USAID aceleraron la rescisión de contratos en un amplio número de programas de ayuda exterior. Funcionarios de la administración aseguraron que, tras reiteradas advertencias del juez federal a cargo del caso, han comenzado a procesar algunos pagos atrasados a organizaciones y empresas estadounidenses e internacionales.
Sin embargo, la orden del juez Amir H. Ali para descongelar miles de millones de dólares quedó en pausa hasta que la Corte Suprema emita una resolución definitiva. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, firmó la suspensión temporal.
Ali había exigido que el gobierno desbloqueara los fondos en respuesta a una demanda interpuesta por organizaciones sin fines de lucro y empresas afectadas. Un tribunal de apelaciones rechazó la solicitud del gobierno de intervenir antes de la decisión de la Corte Suprema.
Los demandantes tienen hasta el viernes al mediodía para presentar sus argumentos ante la Corte Suprema, según indicó Roberts.
En paralelo, la administración ha presentado otra apelación de emergencia, argumentando que un tribunal inferior se equivocó al reinstalar al jefe de una agencia de control federal tras ser despedido por Trump.
