El operativo dramático para la liberación de la joven israelí alcanzó su exitoso final en los días recientes. Ella aterrizó en Israel tras días de gran tensión bajo amenaza judicial turca. La joven, una exsoldado con doble ciudadanía, viajó a Turquía para una visita familiar inocente a sus padres. Sin embargo, se encontró en el centro de una pesadilla diplomática y judicial después de que organizaciones islamistas extremistas expusieran sus datos personales en las redes sociales.
La actuación de las autoridades turcas en este caso revela un sistema judicial que opera de forma unilateral y permite que campañas de incitación dicten procedimientos penales infundados. La fiscalía de Estambul abrió contra la joven un expediente de investigación por sospecha de delitos graves de “genocidio y crímenes contra la humanidad”, además de por su servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel, definido en Turquía como “servicio en un ejército extranjero”. Estas acusaciones, que sirven como herramienta de ataque político descarado, destacan cómo en la Turquía actual el historial militar de una ciudadana israelí se convierte en causa para persecución judicial.
Durante el arresto, que se inició hace aproximadamente una semana y media, la joven permaneció en arresto domiciliario bajo fuerte vigilancia. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí actuó en canales confidenciales para evitar la escalada de la situación. Ante la ausencia de representación oficial israelí en Turquía, el ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa’ar se vio forzado a movilizar al gobierno estadounidense. Este aplicó fuerte presión sobre Ankara para lograr su liberación inmediata. El operativo de rescate se condujo por debajo del radar y culminó con el traslado aéreo de la joven a través de un tercer país bajo estricta protección de seguridad israelí.
Este caso indignante plantea serias interrogantes respecto a la seguridad de unos 50.000 reservistas y ciudadanos israelíes con doble ciudadanía. Ellos podrían convertirse en blanco de un sistema judicial hostil en países extranjeros. Mientras Turquía permite que organizaciones extremistas dicten la agenda judicial contra israelíes, queda claro una vez más que la “justicia” en Ankara se encuentra políticamente sesgada y sirve como instrumento para ejercer presión en la lucha internacional contra Israel desde el comienzo de la guerra.
Además del caso de la exsoldado, los informes recuerdan también el arresto de Avivit Ambar, otra ciudadana israelí encarcelada en Turquía tras ser acusada de “insultar al presidente Erdogan y a la bandera estatal” en la plaza Taksim. Esta serie de arrestos evidencia un patrón de conducta de las autoridades turcas, que buscan excusas legales para detener a israelíes. Este patrón exige una mayor cautela por parte del público israelí que visita ese país.
