El Reino Unido presentará el martes una nueva legislación para acabar con el “dinero sucio” y las élites corruptas, mientras intensifica su campaña para golpear las finanzas rusas en relación con Ucrania.
La medida se produce después de que el gobierno recibiera críticas por la respuesta que ha dado hasta la fecha para cortar el flujo de dinero caliente de los rusos ricos que lleva años entrando en el Reino Unido, donde se ha infiltrado en los mercados financieros e inmobiliarios.
La invasión de la vecina Ucrania por parte de Moscú ha puesto de manifiesto un tema largamente debatido, que ha llevado a Londres a introducir un “Registro de Entidades de Ultramar” para reprimir el blanqueo de dinero por parte de delincuentes extranjeros.
El nuevo registro exigirá a los propietarios extranjeros anónimos de bienes en el Reino Unido que revelen su identidad real y su “beneficiario final”, lo que significa que ya no podrán esconderse detrás de empresas ficticias, ya que Gran Bretaña establece “un nuevo estándar mundial de transparencia”.
El incumplimiento podría acarrear penas de hasta cinco años de cárcel.
“No hay lugar para el dinero sucio en el Reino Unido”, dijo el Primer Ministro Boris Johnson.
“Vamos a ir más rápido y más duro para derribar la fachada tras la que se han escondido durante tanto tiempo los que apoyan la campaña de destrucción de Putin”.
“Aquellos que apoyan a Putin han sido puestos sobre aviso: no habrá ningún lugar donde esconder sus ganancias mal habidas”, dijo Johnson.
En las últimas décadas, los multimillonarios rusos han adquirido amplios activos -sobre todo inmobiliarios- en algunos de los distritos más ostentosos de Londres, lo que ha llevado a la ciudad a ganarse el apodo de “Londongrad” y a que ONG y funcionarios británicos den la voz de alarma.
Hace cuatro años, incluso antes de la aparición de la crisis ucraniana, la Agencia Nacional del Crimen británica estimó que los rusos blanqueaban cientos de miles de millones de libras a través del país cada año.
El gobierno británico ya ha congelado los activos de Putin y de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, además de sancionar a una serie de empresarios y bancos rusos.
